Boletines e Infografías

Migración: Contexto, impacto y desafío en Honduras 2025

Crisis humanitaria en migración

Honduras se enfrenta una vez más a importantes desafíos en materia migratoria. En la última década, el país ha tenido que responder a diversas emergencias humanitarias, como la crisis de la niñez migrante no acompañada en 2014, que registró 8,479 niños retornados. Esta situación requirió la reestructuración de la política migratoria y la apertura de tres Centros de Atención al Migrante Retornado.

Posteriormente, entre octubre y noviembre de 2018, se organizó la primera caravana migrante, que movilizó alrededor de 5,000 hondureños, incluyendo hombres, mujeres y grupos familiares, con destino a Estados Unidos. Esta situación desencadenó una deportación masiva de hondureños, alcanzando 12,06] deportaciones en el mes de octubre del mismo año, lo cual continúo incrementando hasta cerrar con 116,567 casos solo en octubre de ese mismo año. La tendencia continuó en aumento hasta cerrar 2019 con un total de 116,567 deportaciones, de las cuales el 59% provinieron de México.

Como parte de las medidas adoptadas ante esta problemática, en julio de 2019 el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el acuerdo "Quédate en México" con el gobierno mexicano. Este acuerdo obligaba a miles de migrantes solicitantes de asilo a permanecer en territorio mexicano mientras se resolvía su situación migratoria en Estados Unidos.

Esto derivó en un incremento de las solicitudes de asilo en México, donde Honduras representó el 46 % (13,679) del total de solicitudes. De estas, el 56% fueron resueltas de manera favorable antes de 2019, alcanzando un 87% de aprobación al cierre de 2024.

Entre 2018 y 2024, las solicitudes de refugio de hondureños en México experimentaron un crecimiento del 113 %, pasando de 13,679 a 27,888 casos. Como consecuencia, se registró una disminución en el número de personas retornadas durante este mismo período. En 2022, se contabilizaron 94,339 personas retornadas, de las cuales el 75 % provenían de México y el 16 % de Estados Unidos. Para 2024, el número de retornados se redujo a 39,632, distribuidos de la siguiente manera: un 24 % desde México, un 54 % desde Estados Unidos y un 30 % desde Guatemala.

Asimismo, el tránsito de migrantes extranjeros por Honduras ha experimentado un crecimiento significativo. En 2010 se registraron solo 168 migrantes extranjeros, cifra que aumentó a 27,863 en 2016, en su mayoría de nacionalidad cubana y haitiana, ingresando por la frontera sur del país y transitando de manera fluida.

En 2019, antes de la pandemia de COVID-19, se contabilizaron 34,206 migrantes extranjeros ingresando por la frontera suroriental, una zona que carecía de la infraestructura e institucionalidad necesarias para brindar atención humanitaria. Como resultado, muchos migrantes quedaron varados en el departamento de El Paraíso durante períodos de 15 a 30 días.

Para 2023, se registró un incremento dramático, alcanzando los 546,043 migrantes en tránsito. Este aumento coincidió con el fortalecimiento de la capacidad institucional para la atención y el registro de migrantes, así como con la implementación de una amnistía migratoria que facilitó su tránsito por el territorio hondureño. Sin embargo, al cierre de 2024, la cifra disminuyó a 369,258 migrantes, y en los primeros 23 días de 2025 ya se habían registrado 4,820 migrantes en tránsito.

Es importante destacar que estos fenómenos están estrechamente relacionados con factores de expulsión, como los altos índices de violencia, el desempleo y la inseguridad en los países de origen, así como con las políticas migratorias adoptadas por los países de tránsito y destino.

En 2023, el Banco Central de Honduras registró US$9,177.5 millones en remesas, lo que representó un incremento del 6 % al cierre de 2024, alcanzando US$9,743.0 millones. Estas remesas equivalen, en promedio, al 26 % del Producto Interno Bruto (PIB) hondureño.

El 91.1 % de las remesas provienen de Estados Unidos, el 5.3% de España y el 0.6% de México. Estos recursos están destinados a aproximadamente 2,753,000 personas, de las cuales el 44.1% considera que las remesas son su principal fuente de ingreso.

A nivel nacional, la distribución de las remesas se concentra en un 50 % en el departamento de Francisco Morazán y un 19 % en Cortés, seguidos por Colón y Ocotepeque, que reciben un 2.5% cada uno. En términos de impacto económico, las remesas contribuyen principalmente a la construcción privada (27.5 %) y a los servicios de limpieza y cuidado (16.4 %).

En relación con la inclusión financiera, el 33.2 % de los encuestados reportó tener al menos un producto financiero en Honduras, siendo la cuenta de ahorro el más común (76.4%), seguido de las tarjetas de crédito o débito (12.8%).

Impacto de la política migratoria de Estados Unidos 2025

El año 2025 presenta nuevos desafíos en materia migratoria, en el contexto de la política migratoria de Estados Unidos, que ha declarado una “emergencia nacional” en la frontera. Esta medida se basa en la invocación de la Ley de Insurrección de 1807, la cual constituye una excepción expansiva a la Ley Posse Comitatus, permitiendo el despliegue de fuerzas militares no solo contra personas migrantes, sino también contra ciudadanos estadounidenses que participen en protestas políticas.

Esta política contempla la implementación de “deportaciones masivas”, que inicialmente se centrarán en personas migrantes con antecedentes penales, para luego ampliarse a la población indocumentada en general[1].

El Informe anual del año fiscal 2024 del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) [2] registro 45,923 detenciones de hondureños durante el año fiscal 2024[3], lo que equivale a un promedio de 3,827 personas al mes y 128 diarias. Estas cifras solo habían sido alcanzadas previamente en 2019, durante el primer gobierno del presidente Donald Trump, cuando se reportaron 41,800 detenciones, con un promedio mensual de 3,483 y 116 diarias.

 Con el inicio de las deportaciones masivas el 21 de enero de 2025, según el diario oficial digital La Nación[4], se registraron 538 arrestos y 373 detenciones en el primer día. Para el 29 de enero, las cifras habían aumentado a 1,116 arrestos y 814 detenciones. En total, durante las dos primeras semanas de redadas, se contabilizaron 4,333 personas detenidas en operativos realizados en 10 de los 50 estados de Estados Unidos.

Según cifras del Organismo Internacional para las Migraciones (OIM), en 2018 la población hondureña inscrita en el Estatus de Protección Temporal (TPS) ascendía a 57,000 personas, concentradas en cuatro estados de Estados Unidos: California, Texas, Florida y Carolina del Norte. De este total, el 63 % ha vivido en el país por 20 años o más, y el 85 % se encuentra laboralmente activo, de los cuales el 17 % trabaja de forma autónoma. La mayoría (66.1 %) se dedica al sector de la construcción.

Además, el 22 % de esta población cuenta con créditos hipotecarios, con ingresos anuales promedio de US$40,000. En 2018, las remesas enviadas por hondureños amparados bajo el TPS sumaron US$176.1 millones. Para 2024, el número de beneficiarios se redujo a 54,290 personas.

La incertidumbre en torno a la posible cancelación o no renovación del TPS para hondureños, prevista para julio de este año, representa un desafío adicional en materia de atención humanitaria, así como en la reinserción laboral, educativa y psicosocial de quienes podrían verse afectados.